No solo en Televisa hay una parcialidad en la información
que habla del estado de derecho sin tomar en cuenta para nada la realidad.
También muchos de los periodistas de TV Azteca, como Pablo Hiriart y Manuel
López San Martín, repiten como mantra y hasta el cansancio que no se puede
permitir la existencia de grupos civiles armados, que se les debe detener sin
importar las denominaciones de autodefensas, guardias comunitarias o lo que
sea, y que es muy bueno, según la percepción de ambos, que el gobierno aplique
todo el peso del estado en Michoacán, con la ocupación de las zonas de
conflicto como son Uruapan, Apatzingán y demás municipios de Michoacán.
En cambio, otros analistas le recuerdan a la opinión
pública que si la estrategia en Michoacán consiste solamente en la intervención
de la policía federal y el ejército en la región hay posibilidades nuevas de
fracaso como pasó en los tiempos del otrora presidente Felipe Calderón. Hace
falta una estrategia para restaurar el tejido social, y garantizar que los
michoacanos van a regresar a sus comunidades y a sus actividades productivas
legítimas sin el temor de que el crimen organizado vuelva a quitarles de nuevo
sus propiedades, a extorsionarlos y poner en riesgo sus vidas.
Por su parte, María Amparo Cassar, que colabora también
en el programa "Primer plano" del canal 11, dice que no podemos
hablar de autodefensas buenas y autodefensas malas. Ella critica a los
politólogos Lorenzo Meyer y Sergio Aguayo, quienes hablan de la construcción
por parte de los comunitarios michoacanos de una legitimidad paralela a la del
Estado. Amparo Cassar considera que por ningún motivo debe permitirse la
existencia de grupos armados y fuera de la ley.
También hay varios intentos de periodistas en varios
medios oficiosos de comunicación por vincular a los grupos de autodefensas con
el cártel de Jalisco "nueva generación", y que los comunitarios
"limpian" la zona de "templarios" para que llegue otro
cártel. Simplemente no hay pruebas. Los voceros de las autodefensas niegan ese
tipo de vínculo una y otra vez, pero lo importante aquí es que no hay evidencia
sólida, sino solo sospechas: que de dónde sacan las armas de grueso calibre,
que quién los financia, que si José Manuel Mireles venía de Jalisco hacia Michoacán en avión tras una reunión con
un grupo rival de los "caballeros templarios", versiones, versiones,
pero nada está probado.
¿Las armas de alto calibre? Se las pudieron quitar a los
criminales tras los enfrentamientos. ¿El financiamiento? Varios empresarios
michoacanos están exiliados en el extranjero, y desde allá apoyan a las
autodefensas. ¿Y Mireles? Ni siquiera se ha hecho de conocimiento público la
ruta de vuelo de la aeronave en la que se accidentó el líder de las autodefensas
de Tepalcatepec.
Los periodistas oficiosos en México NO quieren reconocer
que desde hace muchos años, sexenio tras sexenio, las élites políticas están
divorciadas de la sociedad: solo están interesadas en el enriquecimiento
mediante la manipulación de concesiones públicas y contratos, así como la
malversación del presupuesto, y que ha habido un abandono institucional en
varias regiones marginadas del país, algo de lo cual la ciudadanía NO puede
tener la culpa.
Ese abandono sentó las bases para que el crimen
organizado haga de las suyas en amplias zonas
de nuestra geografía. Y ahora que la existencia de las autodefensas
cuestiona la autoridad y hasta la legitimidad del Estado de manera indirecta,
es que el gobierno se indigna y ahora sí manda al ejército para tratar de
imponer un estado de derecho que el mismo gobierno desatendió, gracias al
avance de la CORRUPCIÓN política y su complicidad con el crimen organizado a
nivel municipal.
Usted, lector que lee y ha leído nuestros artículos, sabe
bien que la línea editorial de este sitio en internet critica muy fuertemente
al gobierno de Peña Nieto, pero eso no significa que estemos en contra de un
estado de derecho. Estamos de acuerdo en que exista un gobierno, pero un que
reduzca la CORRUPCIÓN al mínimo de los países más transparentes del mundo. Para
que ello ocurra, se tiene que aplicar la ley, pero no selectivamente y solo a
quienes se defienden de grupos delincuenciales, sino a los criminales en
principio.
La situación de los comunitarios en Michoacán es
desesperada. Por eso ellos se han armado para protegerse de los criminales, aún
a riesgo de echarse también como enemigo al gobierno y a los funcionarios,
policías y militares CORRUPTOS.
Los michoacanos quieren recuperar la paz y retomar el
camino a la prosperidad a como dé lugar. ¿Usted no lo haría, si estuviera su
vida de por medio y estuvieran los criminales por tirar la puerta de su casa,
despojarlo de todo lo que posee y llevarse a todas las familiares del sexo
femenino que viven con usted? Qué fácil es para María Amparo Cassar, Manuel
López San Martín y Pablo Hiriart el hablar de estado de derecho, sentaditos muy
cómodos en el foro de televisión, miles de kilómetros lejos de la cotidiana
balacera y el fuego cruzado en Michoacán. *
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